En diálogo con Multiplataforma Fénix, el magistrado sostuvo que “el derecho a peticionar es constitucional y nadie lo va a obstaculizar”, pero defendió el trabajo que se viene realizando. “Desde la creación de la Secretaría de Superintendencia en 2022 se tramitaron 443 denuncias, con sanciones a magistrados, funcionarios y empleados. Se está actuando y los datos son concretos”, afirmó.

Saúl reconoció que existen demoras judiciales, pero advirtió que “muchas denuncias no se basan en irregularidades sino en disconformidades con las sentencias, y eso se resuelve por vía recursiva, no administrativa”.

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