Los diez imputados enfrentan cargos por privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, estafa calificada en perjuicio de la administración pública y usurpación de títulos, entre otras figuras penales.
Según el fallo de la Justicia correntina, los imputados “aprovecharon la vulnerabilidad de las víctimas”, “manipularon sus testimonios”, “afectaron su capacidad de autodeterminación” por lo que “el consentimiento estaba viciado”.
Ahora, la resolución de que se reallce el juicio fue firmada por Cristina Pozzer Penzo, titular del Juzgado Federal de Goya, a cargo de la investigación del caso.




























































