La búsqueda era sencilla y cotidiana: un Fiat Duna modelo 1995. Para un hombre de 62 años, no se trataba de un lujo, sino de la movilidad diaria. En julio de 2024, navegando por las ofertas de Facebook Marketplace, el algoritmo lo puso frente a una supuesta concesionaria de Córdoba Capital llamada “Fénix Motors”. El precio acordado fue de $3.800.000. Con la confianza depositada en la pantalla, comenzó a realizar transferencias bancarias periódicas, construyendo cuota a cuota la compra de un vehículo que nunca llegaría a sus manos.

En febrero de 2025, tras realizar el último pago que saldaba la totalidad del importe, la respuesta del otro lado de la línea cambió drásticamente. Las excusas sobre la demora en la entrega terminaron de golpe cuando la cuenta de WhatsApp fue bloqueada y los perfiles en redes sociales se esfumaron. La primera trampa se había cerrado, dejando tras de sí el vacío de un auto fantasma y el dolor de la pérdida económica.

Sin embargo, el calvario apenas comenzaba. En octubre de 2025, golpeado por la impotencia de la estafa inicial, el hombre cayó en una segunda maniobra diseñada para explotar la vulnerabilidad de quienes buscan justicia: la estafa de recuperación. A través de una página denominada “PLAN CENTER – Central de Planes de Ahorro SRL”, desconocidos le prometieron gestionar la devolución del 100 % de su dinero. Con la excusa de tramitar la documentación legal, le solicitaron $395.000 en concepto de gastos administrativos. El hombre volvió a transferir, pero el resultado fue idéntico: promesas rotas y ni un solo peso devuelto.

La estocada final llegó a mediados de 2026. El 27 de julio, atrapado por una publicidad digital que parecía ser la última luz de esperanza, contactó a un individuo que se presentaba bajo la ostentosa identidad de “Special Agent Gabriel Santana”, un presunto abogado experto en recupero de activos. Bajo la promesa de rescatar todo el dinero acumulado en las estafas anteriores, el supuesto profesional le exigió $700.000. La víctima terminó transfiriendo $600.000 y $150.000 a una cuenta de la fintech Lemon Cash. Pocas horas después, un frío e-mail le notificó que sus fondos habían sido convertidos a la criptomoneda Ethereum (ETH). Fue la última señal de vida del “agente”.

Este lunes 5 de octubre de 2026, a las 11:30 de la mañana, el damnificado cruzó la puerta de la dependencia policial para asentar la denuncia formal por estafa bajo el Artículo 172 del Código Penal. Detrás del acta policial queda la huella de una red delictiva heterogénea y persistente que se apoderó de un total de $4.945.000, dejando al descubierto la voracidad de los fraudes digitales que no solo roban el patrimonio, sino que persiguen a sus víctimas utilizando su propia esperanza como carnada.

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