Tras hacerse público el escándalo, el presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, prometió plantear las acusaciones de uso de drogas en el Parlamento ante la Policía Metropolitana de Londres.
Hoyle señaló que que aquellos que “violan la ley” deben enfrentar un castigo, y anunció que estaba considerando permitir el uso de perros rastreadores para detectar usuarios de drogas en Westminster.
“Los relatos sobre el uso indebido de drogas en el Parlamento que se publican en The Sunday Times son profundamente preocupantes, y los plantearé como una prioridad con la Policía Metropolitana la próxima semana. Espero ver la aplicación total y efectiva de la ley”, dijo a la BBC.
“Si bien el Parlamento brinda amplios servicios de apoyo para cualquier miembro del personal o diputado que pueda necesitar ayuda con el uso indebido de drogas, y yo animaría a cualquiera que esté luchando con tales problemas a que acepte esa ayuda, para aquellos que opten por violar la ley y desacreditar a la institución, las sanciones son serias“, agregó el legislador.
De acuerdo a la ley británica, la pena máxima por posesión de drogas de clase A, incluida la cocaína, es de hasta siete años de prisión o una multa ilimitada, o ambas, mientras que los proveedores de esas sustancias pueden enfrentar la cadena perpetua, multa ilimitada o ambas.




























































