Entre los principales puntos expuestos en la presentación judicial, Galván detalló que en las liquidaciones se incorporó el cobro en ocho cuotas de una supuesta deuda pendiente desde marzo de 2020 (marco de la pandemia bajo el Decreto 1037). Según el letrado, este ítem representa entre un 5% y un 15% adicional sobre el monto final —alcanzando un 10% mensual en su caso particular— correspondiendo a una obligación que legalmente ya se encuentra prescripta.

A esta situación se suma el impacto generado por el retiro paulatino de subsidios dispuesto por el Gobierno Nacional.

El Dr. Galván confrontó los porcentajes informados oficialmente por el gobernador Ricardo Quintela con los valores reales reflejados en las boletas:

– Proyección oficial anunciada: Un aumento estimado del 11% para usuarios residenciales, 34% para comerciantes y 40% para grandes consumidores (empresas y campos con perforaciones).

– Aumentos reales registrados: Subas que han llegado a superar el 300% en los periodos recientes.

Falta de audiencias públicas
Finalmente, Galván criticó la falta de transparencia en la aplicación de estos nuevos cuadros tarifarios, señalando que la ciudadanía desconoce los criterios exactos del cálculo debido a la omisión de audiencias públicas previas, un requisito fundamental para garantizar el control social y el derecho a la información de los usuarios.

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