Todo comenzó cuando el Ministerio de Salud de Córdoba articuló una campaña descentralizada de vacunación en la que los centros privados se sumarían a los públicos para agilizar la inmunización de la población general.
Desde el Gobierno de la provincia de Córdoba afirmaron que “el tema terminó” porque se le envió una nota a los centros privados que cobraban por el material y la aplicación para que dejen de hacerlo, pero de todos modos hay una investigación judicial en curso para saber si se sancionará o no a las clínicas.



























































