El ámbito educativo se transformó en un espacio de diálogo y prevención frente a los cambios legislativos en materia de menores. En el marco de un ciclo de encuentros formativos destinados a la comunidad escolar, la Dra. Eliana Oyola expresó su satisfacción por la elevada participación de padres, madres y estudiantes que se sumaron a las jornadas informativas.

El propósito central de esta iniciativa radica en acercar la justicia a las escuelas y permitir que los jóvenes reconozcan de primera mano a sus defensores y a las instituciones abocadas a su protección. Según detalló Oyola, el punto de mayor relevancia dentro del nuevo régimen penal juvenil es el cambio en las franjas etarias de punibilidad: mientras que en el marco normativo anterior la responsabilidad legal se evaluaba a partir de los 16 años, el nuevo sistema establece actuaciones a partir de los 14 años. Asimismo, precisó que ante hechos cometidos por menores por debajo de esa edad, se inician los correspondientes procesos de investigación.

Conocer los límites para prevenir
Más allá del aspecto estrictamente procesal, las charlas buscan ofrecer herramientas conceptuales para que los adolescentes comprendan qué conductas constituyen un delito y cuáles son los límites de sus acciones.

“El principio fundamental es no dañar al otro”, remarcó la especialista, al señalar que situaciones que involucran estigmatización, lesiones o afectaciones a terceros sobrepasan el ámbito particular para convertirse en infracciones contempladas por la ley. Entender dónde termina la conducta individual y dónde comienza una contravención o delito resulta clave para que los jóvenes puedan resguardarse y ejercer su propia defensa de manera consciente.

El rol de la Defensoría como garante de derechos
Frente a casos en los que un adolescente resulta involucrado dentro del sistema penal juvenil, la Defensoría de Niños, Niñas, Adolescentes e Incapaces asume un rol institucional determinante. Oyola enfatizó que la función primordial del organismo es velar por el cumplimiento irrestricto de las garantías procesales.

El trabajo de la defensa pública se enmarca en la verificación estricta de las garantías constitucionales, los tratados internacionales de derechos humanos, así como las leyes de protección integral a nivel nacional y provincial. De este modo, las autoridades buscan asegurar que cada proceso respete de forma ineludible los derechos fundamentales de los menores involucrados.

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