Según García, la madre había pedido la interrupción del embarazo citando una sentencia constitucional de 2014 que establece que una víctima de violencia sexual puede abortar sin necesidad de una orden judicial y durante todo el periodo de gestación. Pero luego cambió de opinión.
La menor, por su parte, había manifestado en una junta médica que “no quiere ser madre”, por lo que se le suministró una primera dosis del medicamento para interrumpir la gestación, explicó García. Sin embargo, una abogada que la organización religiosa le puso a la madre un memorial de desistimiento junto a una carta manuscrita en que la menor supuestamente cuenta que ya no quiere abortar, situación que frenó el procedimiento. “Es un crimen lo que se está haciendo con esta criatura porque, en un país justo, las niñas no son madres”, sostuvo García.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, opinó que se debería evaluar psicológicamente a la menor y en caso de que ella decida interrumpir su embarazo, “se le debe generar todas las condiciones materiales para que así lo haga”.
La Iglesia repudió “la brutal violación” pero defendió “ambas son vidas humanas” en tanto un feto de cinco meses ya es una criatura “bastante formada”. “Un crimen no se soluciona con otro crimen”, aseguró.




























































