Esta nueva fuga de detenidos se da apenas unos días después de que los gobiernos Javier Milei y Jorge Macri acordaran el traspaso de las dependencias del Servicio Penitenciario Federal a la gestión porteña.
El traspaso de la potestad de controlar estas alcaidías era reclamada por la gestión porteña desde hacía varios meses ante la preocupante situación que se vive en las comisarías de la Ciudad debido a la superpoblación que hay en todas ellas.
Tras el acuerdo, Nación y Ciudad informaron en un comunicado conjunto que este traspaso implica que en las cárceles y dependencias del Servicio Penitenciario Federal en el que se alojen presos por delitos de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño “se haga responsable del cuidado de los detenidos”.
Se calcula que en la actualidad la población carcelaria porteña asciende a unos 7 mil presos, de los cuales cerca de 2 mil de ellos están alojados en comisarías; 1.500 de la cárcel de Devoto y otros entre 3,5 y 4 mil que ya están en prisiones federales y cuya custodia pasará ahora también a la égida del gobierno porteño.
Según el último informe del Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos del Poder Judicial porteño, al primero de abril pasado había 1.980 detenidos en comisarías y alcaidías, casi el doble que un año atrás y también el doble de las plazas “ideales” de esos lugares. El 95,2% de ese total corresponde a procesos llevados adelante por los fueros federales y nacionales.






























































