El Senado aprobó este jueves por unanimidad la Ley de Discapacidad. En Diputados, la iniciativa había sido aprobada por 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones.
Las claves son cuatro. La pensión no contributiva por discapacidad sigue en el 70% de la jubilación mínima y se mantiene el CUD como requisito para cobrarla. La pensión es compatible con un empleo formal o con el monotributo mientras los ingresos no superen dos salarios mínimos. La Secretaría Nacional de Discapacidad va a hacer auditorías periódicas con cruces de datos de ANSES, ARCA y ReNaPer, entre otros organismos. Y el Gobierno tiene 90 días para pagar las deudas pendientes con los prestadores. A diferencia de la emergencia, que vence el 31 de diciembre, el texto no tiene fecha de vencimiento.
El primer artículo dice que el objetivo de la ley es “superar la situación de emergencia” y fortalecer de forma permanente las políticas para las personas con discapacidad. El texto es de orden público y rige en todo el país. La emergencia, que el Congreso aprobó en 2025 después de rechazar el veto del presidente Javier Milei, vence el 31 de diciembre. El proyecto deroga tres artículos de esa ley y ratifica otras partes. Entre ellas, el artículo que la emergencia agregó a la Ley 24.901 de prestaciones básicas y la ley de empleo protegido para personas con discapacidad.
La pensión no contributiva por discapacidad sigue fijada en el 70% del haber mínimo jubilatorio y se actualiza con las reglas previsionales vigentes. La Ley no prevé un aumento específico. Para cobrarla hay que tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y acreditar identidad, edad y nacionalidad con el DNI. Los extranjeros tienen que demostrar cinco años de residencia legal continuada en el país antes de pedir el beneficio. Los ingresos netos no pueden ser iguales o superiores a dos salarios mínimos, y se tiene en cuenta el ingreso de la persona, no el del grupo familiar.
Tampoco se puede cobrar otra jubilación, retiro o pensión, ni la asignación universal o la asignación familiar por hijo con discapacidad. Además, hay que aprobar una evaluación socioeconómica, con criterios que va a fijar la reglamentación junto con el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS). Si la persona es dueña de una casa, tiene que demostrar que es su única vivienda familiar. Las pensiones por invalidez laboral siguen con sus propios requisitos.
Uno de los puntos centrales es que la pensión sigue siendo compatible con el trabajo. Las personas con CUD pueden tener un empleo formal o estar anotadas en el monotributo o en el régimen general sin perder la pensión, mientras sus ingresos no superen dos salarios mínimos. Si los superan, la pensión se suspende de forma automática mientras dure esa situación. Si el trabajo termina, por cualquier motivo, o si los ingresos bajan del límite, la persona puede pedir la rehabilitación inmediata y vuelve a cobrar desde la fecha del pedido.
Los titulares de pensiones por discapacidad y por invalidez laboral tienen derecho a un programa de atención médica que cubra las prestaciones básicas de la Ley 24.901. El proyecto también obliga a quienes atienden a personas con discapacidad dentro de ese sistema a capacitar a su personal en derechos, para garantizar una atención “no discriminatoria, sensible, respetuosa y accesible”. Para los empleadores, se mantiene el beneficio que ya existe para quienes contratan por tiempo indeterminado a trabajadores con discapacidad.
Auditorías
Con la Ley también se crea un sistema de auditorías periódicas. Van a estar a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que depende del Ministerio de Salud. Para verificar los requisitos, la Secretaría va a cruzar datos con ANSES, la Secretaría de Trabajo, ARCA, el SINTyS y el ReNaPer. Para eso, el texto la exceptúa del secreto fiscal. Si detecta un incumplimiento, tiene que notificar al titular y darle el plazo que fija el derecho administrativo para presentar un descargo. Cuando vence ese plazo, puede suspender la pensión de forma preventiva. Si la persona considera que no incumplió, puede pedir que se la rehabiliten de inmediato y de forma provisoria hasta que se resuelva el caso.
Los gastos se pagan con partidas del Ministerio de Salud destinadas a pensiones, atención médica y prevención. Si no alcanzan, la diferencia se cubre con fondos del Tesoro. La Ley dice que las leyes de presupuesto deben garantizar un crédito suficiente y que el ingreso por beneficiario no puede ser menor, en términos reales, al del año anterior. La Jefatura de Gabinete puede reasignar fondos para que las prestaciones no se corten.
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El texto también incluye una cláusula para pagar las compensaciones que la emergencia les prometió a los prestadores y que todavía están pendientes. La Secretaría de Discapacidad debe notificar y publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días corridos desde que la ley entre en vigencia. La cancelación total tiene que hacerse dentro de los 90 días para quienes hayan terminado el trámite. El texto aclara que el fin de la emergencia no afecta ese derecho.
Por otro lado, el Ministerio de Salud tiene que publicar en forma periódica cuánto gasta en estos programas, cuánto valen los aranceles de las prestaciones básicas y cuántas pensiones paga y por qué monto. El Poder Ejecutivo debe definir la autoridad de aplicación y tiene 30 días hábiles para reglamentar la ley. La norma entra en vigencia el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.


























































